El Gobierno prorroga por 60 días la medida en siete distritos de Junín para atender los daños provocados por los movimientos telúricos de julio. Las labores continúan coordinadas con Indeci y diversos sectores del Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo dispone la prórroga del estado de emergencia por un plazo de 60 días en siete distritos pertenecientes al departamento de Junín. La decisión oficial busca garantizar la continuidad de las medidas de respuesta, remediación y ayuda asistencial en beneficio de las poblaciones golpeadas por los intensos movimientos sísmicos ocurridos durante el mes de julio del presente año. La medida gubernamental permite destinar los recursos logísticos y operativos necesarios para mitigar los estragos sufridos en las infraestructuras públicas y privadas de las localidades comprendidas dentro de la declaratoria territorial.
La oficialización de la medida se realiza a través de la publicación de dos normativas legales difundidas en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. El primer dispositivo, el Decreto Supremo 129-2026-PCM, establece el inicio del nuevo periodo de excepción a partir del 18 de septiembre. Esta primera norma alcanza a los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, situados dentro de la provincia de Chupaca, así como a las jurisdicciones de Chupuro, Viques y Huacrapuquio, correspondientes a la provincia de Huancayo.
Por otro lado, el Decreto Supremo 130-2026-PCM dispone que la ampliación del régimen de emergencia entre en vigencia desde el 22 de septiembre. Este segundo decreto abarca específicamente al distrito de Ahuac, en la provincia de Chupaca, y al distrito de Huayucachi, perteneciente a la provincia de Huancayo. Con ambas disposiciones legales, el Gobierno garantiza la cobertura de atención prioritaria de manera focalizada en los sectores territoriales donde persisten secuelas del evento natural.
Coordinación de acciones y respuesta inmediata
Durante estos 60 días de vigencia, el Gobierno Regional de Junín y los gobiernos locales involucrados continúan con la ejecución de las medidas de excepción destinadas a resolver los estragos generados por la actividad telúrica. El plan operativo comprende acciones de emergencia enfocadas estrictamente en la rehabilitación de los servicios básicos, acondicionamiento de vías de comunicación dañadas y soporte técnico continuo.
Estas labores institucionales cuentan con la conducción, seguimiento y coordinación técnica general del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Del mismo modo, el mandato legal involucra la participación de diversos ministerios del Estado, los cuales intervienen en el ámbito de sus funciones para canalizar asistencia técnica, recursos materiales e infraestructura indispensable para la recuperación de la zona golpeada.
Intervenciones dinámicas y evaluación técnica
Las intervenciones en los siete distritos mantienen una relación directa con el nivel de afectación reportado tras los sismos. El dispositivo legal señala que las labores desplegadas en el terreno pueden modificarse o adaptarse dinámicamente de acuerdo con los requerimientos urgentes que surjan durante el proceso de ejecución operativa.
Cualquier variación en las estrategias de intervención se realiza tomando como sustento técnico los estudios y evaluaciones elaborados por las entidades especializadas competentes. De este modo, las autoridades aseguran una respuesta estatal eficiente, justificada e integral frente a la situación que afrontan los habitantes de las provincias de Chupaca y Huancayo.
