El Ministerio Público señaló a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como integrante de una organización criminal encabezada por Fidel Ramírez, tío del exparlamentario Joaquín Ramírez, contra quien se contra quien se ejecutó este último martes un mega operativo de incautación de bienes por presunto lavado de activos.
Agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, han previsto incautar un total de 162 inmuebles, 84 vehículos y 7 avionetas que, según la Fiscalía, habrían sido obtenidos de manera ilícita a través de una presunta red delincuencial en la que Joaquín Ramírez lideraría el brazo comercial.
Asimismo, la tesis fiscal indica que Fujimori Higuchi, habría sido integrante del brazo político de la red criminal junto a Pier Figari, su exasesor, con quien se encargaba de captar bienes ilícitos para obtener poder político y «blindar» a la organización en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y del Estado.
Además, el ex secretario general de Fuerza Popular y actual alcalde provincial de Cajamarca, Joaquín Ramírez, habría sido el encargado de instrumentalizar empresas de fachada para obtener ganancias ilícitas y financiar la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2016.
Según lo investigado por la Fiscalía, Ramírez habría hecho préstamos de la institución por más de ocho millones de soles que supuestamente habrían terminado a disposición de la lideresa del partido Fuerza Popular.
De igual forma, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos acreditó que la empresa Cogeco, perteneciente a Osías Ramírez, recibió de la compañía de su hermano sospechosos montos de capital: En 2005 transfirió 9.435 soles, en 2006, la suma ascendió a 17.086 soles y sucesivamente en 2013, llegó al monto de más de 34 millones.
Tras esta información, la bancada naranja emitió un comunicado donde remarca que Joaquín Ramírez «no es afiliado ni dirigente desde hace varios años» y precisó que «no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal» respecto del partido o sus dirigentes.
Asimismo, exhortaron a la presidenta Dina Boluarte a que instruya a sus ministros a evitar participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que existe un interés político por parte del Gobierno.
Redacción: Patrick Romero
