A través de una entrevista en un medio local la defensa legal de la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides sostuvo que su cliente está dispuesta a presentar sus registros bancarios desde su período como fiscal de la Nación hasta su cese. A fin de que las autoridades puedan verificar que no ha cometido ninguna irregularidad financiera.
Del Castillo también señaló que considera que se están utilizando «elementos débiles» para solicitar diversas medidas en contra de Benavides. Por otro lado es importante recordar que este martes agentes de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad detuvieron a siete personas que presuntamente formaban parte de una red vinculada a Benavides. Estas detenciones se llevaron a cabo como parte de la operación Valkiria XI, ejecutada en coordinación con el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Entre los detenidos se encuentran los exasesores de Patricia Benavides, Miguel Girao y Abel Hurtado, acusados de intercambiar votos para inhabilitar a la exfiscal suprema Zoraida Ávalos y beneficiar a un contratista del Ministerio Público. Además, el abogado José Castillo, la empresaria Mirtha Gonzales y el capitán Jorge Rodríguez también fueron detenidos por supuestamente negociar favores con Benavides para miembros del grupo delictivo conocido como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Según las acusaciones, Girao y Hurtado negociaron con congresistas de diferentes partidos que estaban siendo investigados por la Fiscalía a cambio de que votaran a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Además, se les atribuye la destitución de fiscales incómodos para Patricia Benavides, como las fiscales Bersabeth Revilla y Magaly Quiroz, y su reemplazo por fiscales dispuestos a cumplir las órdenes de la fiscal suspendida.
En esta ocasión, el Eficcop les imputa haber manipulado contratos del Ministerio Público en favor de una empresa cuyo representante pagó sobornos a los implicados, incluyendo a Patricia Benavides. Un ejemplo específico de esto es la compra de 729 computadoras por un valor de S/3 millones de soles a la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú, propiedad de Giancarlo Valer Enciso. Según el colaborador eficaz Jaime Villanueva, el exasesor Miguel Girao organizó el fraude con la aprobación de Benavides, quien recibió S/30.000 como compensación. En relación a este caso, el empresario Giancarlo Valer fue detenido durante la mañana del martes. Además, se arrestó a Jorge Palomino Quesada, quien fue responsable de la contratación de los computadores en su cargo de gerente central de la Oficina General de Logística, y se le acusa de haber torcido el proceso para favorecer a la empresa de Giancarlo Valer.
Cabe destacar que estas detenciones se producen poco después de que Benavides se defendiera de las acusaciones presentadas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en su contra. La JNJ la acusó de haber favorecido a su hermana, una jueza, al destituir a una fiscal que la estaba investigando por corrupción. Benavides negó las acusaciones y afirmó que intentan destituirla debido a su negativa a permitir que la Fiscalía sea influenciada por el poder político o mediático.
En cuanto a Abel Hurtado, se le imputa el delito de cohecho pasivo específico por haber participado, junto con Patricia Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao, en una reunión con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para conspirar en la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Benavides archivaría los casos de los congresistas investigados, incluyendo al propio Soto, en el caso conocido como Fábrica de Trolls, si el Congres solo destituía a él y a los otros miembros de la JNJ.
Redacción: Sherida Bartolo
