El fiscal Marco Huamán a cargo de la investigación a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y dos exministros por las muertes durante las protestas sociales contra el gobierno y el Congreso de la República, tenía los nombres de los jefes policiales y militares de Ayacucho y Apurímac desde el 15 de enero, pero prefirió no citarlos.
El coordinador de las fiscalías Supraprovinciales de Derechos Humanos, Daniel Jara, envió un oficio informando sobre las acciones que se habían realizado hasta ese momento. En el documento, se menciona que la Fiscalía Especializada de Ayacucho abrió investigación preliminar contra Antero Mejía Escajadillo y a Jesús Vera Ipenza. Los dos son mencionados en la denuncia por genocidio y homicidio por la muerte de diez personas en Huamanga en la protesta del 15 de diciembre pasado.
Además, Jara le comunicó a Huamán que el 19 y 20 de diciembre del año pasado familiares de los fallecidos en Apurímac también presentaron denuncias contra la mandataria, ministros, congresistas, así como el jefe policial de dicha región y el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros.
En este caso se inicia una investigación contra el jefe del Frente Policial de Apurímac, Luis Jesús Flores Solís, por el delito de genocidio y graves violaciones a derechos humanos en las modalidades de tortura y homicidio calificado.
Para los abogados de los familiares de las víctimas, Gloria Cano y Juan José Quispe esta información era suficiente para que la Fiscal de la Nación los haya citado para su declaración y mencionaron que no haberlo hecho en cuatro meses y haber pedido sus datos recién a inicios de este mes, tras conocerse el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demuestra una falta de celeridad y una preocupante inacción.
Redacción: Alejandro Llerena