El pasado 15 de enero, el Gobierno de Dina Boluarte decretó esta medida a algunos departamentos del país debido al conflicto que se encuentra el país el cual ha dejado hasta el momento 48 personas fallecidas y varios heridos.
«Declarar a partir del 15 de enero de 2023, por el término de treinta (30) días calendario, el estado de emergencia en los departamentos de Puno, Cusco, Lima, en la provincia constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios, y en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas», se lee en el primer párrafo del decreto publicado.
En ese sentido, es fundamental responder la pregunta que muchos peruanos tienen al escuchar esa decisión.
¿Qué derechos o restricciones se ejecutan durante un estado de emergencia ?
En una entrevista a un medio local explicó que se reconoce un estado de excepción, el cual está reconocido en el artículo 137 de la Constitución.
«Esto tiene dos efectos prácticos. El primero es que se pueden restringir o limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales, entre ellos, básicamente el derecho a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito. Son los que en principio podrían suspenderse en su ejercicio una vez que se publique este Estado de Emergencia en el diario oficial El Peruano», explicó.
Asimismo indicó que de ser el caso el orden público podría pasar a manos de la Fuerzas Armadas a partir del Estado de Emergencia.
Finalmente, el constitucionalista también aclaró que durante este período «bajo ningún motivo se suspende el ejercicio de los recursos y garantías constitucionales» como el hábeas corpus o proceso de amparo.
«Quien considere que sus derechos han sido vulnerados por un eventual ejercicio abusivo de estas competencias excepcionales siempre va a poder discutirlo y demandarlo, a través del hábeas corpus, e incluso con proceso de amparo, si fuese el caso», argumentó.
