Los masivos saqueos a establecimientos comerciales y muertes han obligado que la presidenta Dina Boluarte declare en emergencia la red vial nacional. Además, el ministro de Defensa manifestó que “las fuerzas armadas brindarán protección a los aeropuertos y centrales hidroeléctricas para que se respete el libre tránsito de los ciudadanos tal y como lo estipula la Constitución”.
En la misma línea, Otárola anunció que la medida también alcanza a Andahuaylas, ciudad donde se ha registrado hasta el momento ocho muertos durante las últimas protestas y según las fuentes del Ministerio de Defensa, los vándalos “no llegan a más de 8000 personas a nivel nacional”.
Los reclamos de los manifestantes en Andahuaylas, Arequipa e Ica responden a los mismos intereses: cierre del congreso, la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Estos pedidos, también se han replicado en La Convención (Cusco) donde aproximadamente unas 100 personas asaltaron la planta de gas de Camisea.
Otro ataque violento en Cusco se registró en Cusipata donde algunos protestantes han quemado un puesto de peaje ubicado en la vía Panamericana que une a Puno y Arequipa. Todo ello ha ocasionado que la ministra de Educación, Patricia Correa, suspenda las clases en los departamentos donde se han agudizado los conflictos sociales.
Asimismo, en Puno se reportó una serie de movilizaciones que culminaron en un enfrentamiento contra las fuerzas del orden, debido a los constantes e intensos bloqueos y paros en todo el país, a mediodía el ministro de Defensa ha declarado el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días. Con esta medida, que en unas horas será oficial al publicarse en el diario El Peruano, se pretende restablecer el orden civil, en consecuencia, Otárola remarcó que “se suspenden los derechos de reunión, inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito”.
