Según Boluarte, la ministra del exterior, Ana Cecilia Gervasi, le dijo que el gobierno de Manuel López Obrador aceptó acoger a los familiares de Pedro Castillo, puesto que el mandatario mexicano consideraba que se trataba de una persecución política, sin embargo, AMLO no consideró lo mismo de Pedro Castillo, quien hasta ese momento tenía una investigación con 6 carpetas fiscales.
Asimismo, la presidenta del Perú, expresó que Gervasi le indicó que el seguimiento de la fiscalía hacia Lilia Paredes no dejaba sin efecto el asilo que la exprimera dama iba a recibir por parte de la embajada mexicana.
La postura del gobierno de López Obrador concuerda con la misma línea ideológica sostenida por otros estados como Colombia, Argentina y Bolivia; países que aún reconocen a Pedro Castillo como mandatario del Perú, y que –por medio de sus presidentes– enviaron un comunicado conjunto donde manifiestan que Castillo Terrones fue víctima de un hostigamiento continuo, lo cual evidencia un comportamiento antidemocrático que “viola el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre de 1969”, sentencia la carta.
Por esta razón, Gustavo Petro, Alberto Fernández y Luis Arce solicitan que se respeten los derechos de Pedro Castillo y se le asegure su protección judicial. Además, estos mandatarios latinoamericanos exhortan a las instituciones que respeten los resultados de las urnas y que no se utilice ningún mecanismo que revierta la voluntad popular.
