Costa Rica inició el traslado de 123 internos a su nueva megacárcel, diseñada para personas vinculadas con delitos graves y organizaciones criminales. El centro tendrá capacidad para 5,100 presos y contará con vigilancia permanente.
El nuevo centro penitenciario busca reforzar el control sobre el crimen organizado y reducir la sobrepoblación carcelaria. Costa Rica inició el traslado de los primeros 123 presos al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Los internos ingresaron con la cabeza rapada y vistiendo uniformes de color naranja.
La nueva prisión está destinada a personas consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con organizaciones criminales. El establecimiento busca fortalecer la seguridad dentro del sistema penitenciario del país. El Gobierno espera reducir la sobrepoblación penitenciaria, mientras persisten cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión.
Entre los primeros trasladados se encuentran sospechosos del asesinato del policía Gerson Rosales Cascante. El Ministerio de Justicia informó que también ingresaron otros reclusos considerados de mayor peligrosidad. La construcción de esta cárcel sigue un modelo similar al utilizado en El Salvador. Las autoridades costarricenses sostienen que la medida permitirá recuperar el control de los centros penitenciarios.
Una prisión con capacidad para 5,100 internos
El CACCO fue inaugurado el 14 de octubre por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. El complejo contará con capacidad para albergar a 5,100 personas, distribuidas en cinco módulos. El primer módulo ya comenzó a funcionar y se espera que los demás estén listos en diciembre. La inversión para construir el centro fue cercana a los 35 millones de dólares, según el reporte de RPP.
La prisión cuenta con cámaras de vigilancia durante las 24 horas y controles de seguridad para supervisar los movimientos de los internos. El Gobierno espera que su funcionamiento contribuya a reducir la sobrepoblación carcelaria del 59 % al 15 %.
Sin embargo, el proyecto ha recibido críticas de sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos. Estas cuestionan las condiciones en las que permanecerán los reclusos y piden garantizar el respeto de sus derechos.
Redactado por Johan Omar Huamaní
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