Congreso: Ética gasta aproximadamente S/800 mil anuales en sueldos entre asesores y auxiliares, según H13

Desde el 2021 la Comisión de Ética Parlamentaria recibió 149 denuncias.

La Comisión de Ética del Congreso gasta anualmente 796,980 soles en los sueldos de los nueve especialistas, entre asesores y personal auxiliar. Esto sin contar bonos, seguros y gratificaciones. Según una fuente del semanario Hildebrandt en sus trece cercana a dicha comisión, reconoce que de las 149 denuncias, 18 cuentan con un informe final y de ellas solo 9 contemplan algún tipo de amonestación severa, es decir recorte de sueldo o suspensiones. El resto son solo llamadas de atención. 

Durante la primera legislatura bianual la comisión era liderada por Karol Paredes, de Acción Popular y lo complementaban otros 16 congresistas de distintas bancadas. Actualmente, está liderada por Diego Bazán, de Avanza País, quien ha mantenido el mismo grupo de trabajo.

El 11 de septiembre, la comisión modificó su reglamento para que las denuncias que lleguen a esta área del legislativo sean descartadas si el presidente y su equipo técnico creen que no amerita darles trámite.

Juan Carlos Lizarzaburu, con nueve expedientes, es el congresista más denunciado que integra la Comisión de Ética. 

En el 2021, Lizarzaburu envió una carta de disculpas al Rey de España, Felipe IV, por el discurso de Pedro Castillo en su juramentación. Asimismo, en el 2022, en una comisión de trabajo en el consulado de Buenos Aires, calificó de ‘acomplejados’ a un grupo de migrantes peruanos. En el 2023 llamó ‘mantel de chifa’ a la Wiphala. 

De todas las investigaciones, solo el caso de la bandera llegó a la etapa final. Sus colegas recomendaron una sanción de 10 días sin goce de haber. El informe fue aprobado el 5 de junio y se notificó al pleno el 19 del mismo mes, pero el congresista fujimorista apeló y desde entonces el documento está a buen recaudo en la Junta de Portavoces.

Su más cercano perseguidor es Hector Valer, el segundo miembro de la comisión con más denuncias. Desde el 2021, pesa sobre él un informe que recomienda amonestarlo por 15 días sin paga, por una “falta contra el honor” hacia su colega José Cueto. La Junta de Portavoces tiene que dar luz verde para que pase al pleno, al parecer no lo consideran una prioridad.

Valer también fue denunciado dos veces por una supuesta relación sentimental con su exasesora Marilyn Mamani Nina. La investigación duró 11 meses, pero el caso terminó siendo archivado por falta de pruebas. 

Rocio Torres, parlamentaria de APP ha sido denunciada por ´mochasueldo´y por utilizar al personal de su despacho para realizar proselitismo político.  La sanción que recibieron Torres y sus colegas: Heidy Juárez y Magaly Ruiz, por rebanar el salario a sus trabajadores, fue de 30 días sin goce de haber y una amonestación pública. Pese a ser un delito penal, la comisión congresal consideró que ninguna de las legisladoras ameritaba la sanción máxima de 120 días de suspensión. Ninguno de los otros casos de recorte irregular de sueldos ha sido sancionado.

El caso de ‘Los Niños’ también estuvo a cargo de este grupo de trabajo. Luego de cinco meses de indagación, de los seis congresistas involucrados solo fueron sancionados dos: Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara. Sin embargo, salieron triunfantes ya que el pleno del congreso decidió archivar el informe que recomendaba aplicarles la sanción máxima. 

Asimismo, Katy Ugarte tiene dos denuncias que pesan sobre ella. La primera por despedir a una trabajadora embarazada, respecto a este caso la comisión recomendó suspenderla de sus funciones por 30 días. La otra imputación es por recortar el sueldo a sus trabajadores.

Otro de los grandes protegidos es Luis Cordero Jon Tay quien desfiló por esta comisión del legislativo, luego de que salieran a la luz las denuncias por agresión y hostigamiento hacía su expareja.

El caso ingresó a la Comisión de Ética en diciembre del 2021. Cinco meses después, en mayo de 2022, el informe recomendó suspenderlo por 60 días. La Junta de Portavoces demoró casi un año en ponerlo en la agenda del pleno y cuando llegó el día, se salvó por el voto de Héctor Valer. Ahora Cordero como agradecimiento vota como le ordenen. Votó a favor de la investigación de la JNJ, de la elección del Defensor del Pueblo, del desmantelamiento de la SUNEDU y de la inhabilitación de la exFiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Respecto a estos casos José Cevasco, quien fue el oficial mayor del Congreso hasta marzo de este año, declaró:

“Durante el año pasado muchos de los temas de Ética que estaban en las sesiones para el pleno se congelaron en su trámite porque muchos de los congresistas que podían ser sancionados no iban a estar presentes y en ese momento se necesitaban sus votos para determinados temas. No les convenía suspender al infractor”

En la comisión parlamentaria hay un grupo de casos que ni siquiera pasan a ser investigados. En octubre del 2021, el congresista de Acción Popular, Carlos Alva, fue denunciado por el alcalde de Ascope por agredir verbalmente a sus trabajadores. El equipo técnico de la comisión no lo sancionó porque el parlamentario pidió disculpas.

Otra denuncia que ni siquiera fue investigada, fue la que protagonizó Enrique Castillo. El parlamentario de Fuerza Popular, tenía una imputación por violencia familiar. Su exesposa lo acusó de maltrato psicológico en febrero pasado. Sus colegas de ética consideraron que se trataba de un asunto del hogar y que no tenía nada que ver con las funciones parlamentarias.

Lo mismo pasó con Lady Camones que fue censurada luego de la difusión de unos audios donde recibía órdenes expresas por parte Cesar Acuña para favorecerlo políticamente. 

Los casos de Tania Ramirez, por hacer bailes de TikTok en las instalaciones del congreso; Rosselli Amuruz, por hacer una fiesta durante la tercera ola del covid; Nano Guerra García por participar en una sesión del Congreso desde la playa, tuvieron la misma suerte.

En la última sesión de la Comisión de Ética del Congreso de la República se aprobó la denuncia de oficio contra Digna Calle por abandono de cargo. El grupo de trabajo demoró 415 días en reaccionar y en la fecha de la audiencia los integrantes de este grupo de trabajo decidieron aplicar el mismo método de Calle Lobatón sesionando de manera virtual.  

Redacción: Luis Barzola