La Comisión de Justicia del Congreso aprobó la propuesta para modificar el nuevo Código Procesal Penal, decisión que reactiva el debate sobre la dirección de la reforma judicial en el país. Los promotores sostienen que los cambios buscan agilizar los procesos penales y mejorar la eficacia investigativa, mientras que sus críticos alertan que algunas enmiendas podrían debilitar garantías procesales y concentrar facultades en el Ministerio Público y en instancias administrativas.
La aprobación en comisión allana el camino para que el texto pase al pleno y continúe su trámite legislativo, pero también anticipa un choque político entre bancadas y la movilización de organizaciones de la sociedad civil y gremios judiciales. En los próximos pasos se espera que se presenten observaciones técnicas y propuestas de modificación, por lo que el alcance final de las reformas dependerá tanto del debate parlamentario como de la presión pública y de los pronunciamientos de operadores del sistema de justicia.