Congreso aprobó la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia

El proyecto de ley presentado por el parlamentario Rennan Espinoza fue aprobado con 102 votos a favor. 

El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto de ley que suspende el cobro de peajes en todas las rutas a nivel nacional mientras dure el estado de emergencia.

Con 102 votos a favor, 1 en contra y 25 abstenciones, el Legislativo aprobó la referida ley que fue presentada por el parlamentario Rennán Espinoza, y que días atrás había sido observada por el Ejecutivo.

La bancada del Partido Morado optó por la abstención en bloque, mientras que la bancada de Fuerza Popular y Acción Popular se dividieron al momento de realizar la votación.

La autógrafa de insistencia será nuevamente remitida a la Palacio de Gobierno para su enumeración, posterior promulgación en el diario oficial El Peruano y así entre en vigencia.

Cabe recordar que el referido texto fue observado por el presidente de la República el pasado 29 de abril, y advirtió las posibles consecuencias que podría acarrear al Estado ante posibles arbitrajes, ya que generaría un “alto riesgo de demandas a nivel judicial y el pago de altas indemnizaciones a favor de los concesionarios”.

Ante esto, la presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano Copello, calificó de inconstitucional esta ley debido a que se está modificando un contrato y estos no pueden modificarse con la ley.

“Esto no es un tema opinable como podrían ser otros proyectos, este es un tema en el cual se ha cometido un grave error porque se está vulnerando la Constitución (…) Esta ley para nosotros es claramente inconstitucional porque primero está modificando un contrato y los contratos no pueden ser modificados por ley”, declaró la presidenta ejecutiva de Ositran.

Asimismo, añadió que la norma establece que la suspensión no generaría ningún derecho descompensatorio, lo cual tendría una consecuencia equiparable al de una expropiación, en la que “no se paga ninguna compensación al titular de la propiedad que se expropia”. 

“No puede ser que el Estado, a través del Congreso, sea el primero que incumpla la ley”, indicó. 

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