Tras la denuncia constitucional en contra de la excongresista Luciana León, en la que se le acredita por tres presuntos cargos: tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso. Estas imputaciones se dan en el marco de las investigaciones por el caso los Intocables Ediles.
Durante el debate del informe final que fue delegado a la congresista Susel Paredes quien recomendó acusar a León Romero por los tres delitos mencionados, excepto por organización criminal luego de ser blindada por la Comisión Permanente el pasado 25 de marzo.
El Parlamento aprobó el delito de tráfico de influencias con 73 votos a favor , el siguiente fue por cohecho pasivo impropio con 74 sufragios y por último se sumó un total de 75 por peculado doloso por apropiación.
Cabe recalcar que el hecho fue conocido hace 5 años lo cual superó el tiempo y se levantó la inmunidad para poder ser procesada y denunciada constitucionalmente.
Durante el 2020 se liberaron chats que involucraron a la excongresista aprista de gestionar reuniones para su hermano Rómulo León, el cual financiaría a la banda criminal, con los ministros de salud, Minas y Energías y Vivienda.
Además, la exparlamentaria habría usado su influencia para impulsar la sobrevaloración de obras y servicios de la Municipalidad de la Victoria, la cual era uno de los ingresos ilícitos de los ´Intocables Ediles´. En su defensa la exlegisladora acusó de ser víctima de una persecución política.
El abogado de Luciana León, Humberto Abanto, informó que el proceso seguirá pero que la investigación es frágil, reduciendo los cargos aprobados quedando solo con uno de los restantes, por presunto cohecho pasivo impropio o tráfico de influencias.
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha realizado una inhabilitación en el ejercicio de la función pública.
El hemiciclo del Parlamento Nacional también aprobó las dos denuncias en contra del exministro del Interior Juan Carrasco, por presunta aceptación indebida al cargo y falsedad genérica. El informe fue aprobado por 60 parlamentarios, 10 abstenciones y 7 en contra.
Fue acusado de los presuntos cargos durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo, tras ejercer la función de ministro del Interior sin renunciar previamente a su puesto de Fiscal. Durante el debate se buscaba inhabilitarlo de la función pública por 5 años la cual no prosperó al no contar con los votos necesarios, obteniendo 52 a favor, 17 en contra y 10 abstenciones.
Redacción: Milenka López
