Según reveló un medio local, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, habría sido elegido parlamentario pese a que estaba impedido de postular al cargo por una deuda de reparación civil por el delito de difamación.
Soto Reyes fue condenado en el 2011 por el Poder Judicial obligándolo a pagar una reparación de 10 mil soles al Estado. Sin embargo, la deuda no fue cubierta hasta el 2021, luego de ser elegido congresista por la bancada de Alianza para el Progreso.
El legislador por el Cusco fue sentenciado por difamación luego de responsabilizar en su programa televisivo al comisario de la ciudad Nilo Chávez por la muerte de un barrista. El policía lo habría denunciado por «mellar su honra sin ningún sustento». Sin embargo, en 2016, el Quinto Juzgado Civil cusqueño dejó sin efecto la medida cautelar que había dilatado el mandato del desembolso.
En tal sentido, el actual titular del Congreso candidateó, pese a estar prohibido de hacerlo por ley. De igual manera, declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones que no tenía deuda por reparación civil al Estado.
Por otra parte, también se reveló que el presidente del Poder Legislativo adquirió un lujoso inmueble el 20 de octubre del 2015, por US$252 mil. El congresista habría adquirido la vivienda de 180 metros cuadrados, ubicada en el distrito exclusivo de San Jerónimo, Cusco, luego de presuntamente haber estafado a la empresa Transportes Waynapicchu donde trabajaba como asesor legal.
La tesis fiscal consiste en que la adquisición de la vivienda habría resultado de la reventa de un terreno por US$265 mil a la empresa de transportes. Es importante precisar que el diputado habría comprado ocho meses antes el mismo terreno a una comunidad campesina al precio de US$5 mil.
Sin embargo, luego de una auditoría, se descubrió que el precio y el área del mismo habrían sido sobrevalorados. Por tal motivo, el nuevo directorio de la empresa denunció por estafa y falsedad genérica a Soto Reyes y a miembros del anterior directorio, incluyendo al expresidente del Directorio Cristóbal Moraly, al exgerente general Mario Sequeiros Fajardo y a la contadora Datne Flores medina.
La fiscal Esther Rodríguez pidió una pena de 8 años y 8 meses para Alejandro Soto. Sin embargo, el congresista se acogió a la ahora llamada ´ley Soto´, impulsada por él mismo, que prescribía el caso, por lo que logró salvarse de la condena.
Por otra parte, el exfiscalizador de Waynapicchu, Alejandro Sequeiros confirmó dicha estafa ante la Fiscalía. «La empresa desconocía quién era el propietario del predio y los únicos que intervinieron en dicha compra fueron el exgerente Mario Sequeiros y la contadora Datne Flores». Asimismo, afirmó que, luego de la compra, recién se habían enterado de quien era el verdadero propietario.
No obstante, en la declaración del Ministerio Público del corredor inmobiliario, Juan Durand González de la empresa Los Faros, encargado de mediar en la venta del terreno, afirmó que a los representantes de la empresa Waynapicchu, interesados en el terreno, se les puso en contacto con Alejandro Soto como propietario del terreno. También, declaró que tuvieron reuniones con él en su oficina para pactar el precio final de la transacción.
Redacción: Patrick Romero
