
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que propone acusar e inhabilitar por 10 años de la función pública a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por una presunta infracción constitucional.
El documento preparado por el congresista de la bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario, Esdras Medina, señala que los magistrados habrían infringido el artículo 156 de la Carta Magna, el cual establece que la edad para ser miembro de la JNJ es ser mayor de 45 años y menor a 75. Inés Tello, miembro de dicha entidad y quien supera los 75 años de edad, habría faltado a este artículo y el resto de magistrados la habrían reinterpretado para favorecer su continuidad en el cargo.
El congresista Jorge Montoya, integrante de la Comisión Permanente, señaló que este presunto favorecimiento llevaría consigo un “conflicto de intereses, […] arrogándose la facultad de interpretar la Constitución y pretendiendo cambiar su sentido, lo que constituye una aberración jurídica y merece la mayor sanción del sistema político nacional”.
Sin embargo, durante su intervención, el abogado de la JNJ, Samuel Abad Yupanqui, presentó un video donde se pudo observar la entrevista realizada por la Comisión Especial que seleccionó a Inés Tello para el cargo.
En la misma, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini le precisa a Tello que el rango de edad para formar parte de la JNJ establecido en la Carta Magna no implicaba que, tras superar los 75 años de edad, debía cesar sus funciones.
Para esta sesión, el Legislativo convocó a los magistrados de la Junta para ejercer su derecho a la defensa. Los primeros en llegar fueron Antonio de la Haza, aproximadamente a las 8:30 a.m. y minutos después llegó Aldo Vásquez, vicepresidente de la institución quien se manifestó al respecto del tema: “Esperemos que prevalezca la justicia y el derecho”.
Por otro lado, el legislador Carlos Anderson consideró que existen otros motivos detrás de estas acciones contra la JNJ que tienen que ver con un contexto preelectoral, donde los impulsores de la inhabilitación de los magistrados pretendan asegurar un resultado favorable en las próximas elecciones generales del 2026.
Además, de obtener cierto nivel de influencia en la designación de jueces y fiscales, siendo que varios de estos congresistas enfrentan investigaciones y procesos por corrupción y otros actos ilícitos.
Redacción: Josué García