La Comisión de Justicia aprueba derogar las leyes 32130 y 32735, que otorgaban investigación preliminar a la PNP y ampliaban el Fuero Militar; los dictámenes pasan al Pleno.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes que proponen derogar dos leyes consideradas «pro crimen», promovidas por el anterior Congreso. Se trata de las Leyes 32130 y 32735, normas que, según sus críticos, debilitaron la lucha contra el crimen organizado en el país.
La primera norma, la Ley 32130, le quitó la conducción de la investigación preliminar del delito al Ministerio Público y se la otorgó indebidamente a la Policía Nacional del Perú. La segunda, la Ley 32735, modificó el concepto de delito de función para que policías y militares solo puedan ser juzgados en el Fuero Militar Policial, lo que generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos.
Cabe precisar que, respecto a la norma sobre Fuero Militar, se mantienen las disposiciones que fijan penas más severas para los efectivos que colaboren con bandas criminales. Ahora los dictámenes pasarán al Pleno de la Cámara de Diputados y, de aprobarse, el texto será remitido al Senado para su revisión final.
Durante la misma sesión, el fujimorismo promovió una cuestión previa para postergar el debate de la llamada Ley Soto, que fija un límite de un año a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. Fuerza Popular cuestionó que se proponga un único plazo para todos los delitos, sin analizar la intensidad de cada uno, por lo que el tema quedó pendiente para una próxima sesión.
Además de estas normas, otros diputados presentaron proyectos para derogar en bloque el conjunto de leyes «pro crimen», que incluye la Ley Soto y su confirmatoria, la Ley 32104, así como normas sobre minería ilegal, colaboración eficaz y organización criminal. Las iniciativas contemplan disposiciones para restablecer la vigencia de los textos legales tal como regían antes de las modificaciones del Congreso anterior.
