Fuente: El Comercio
El grupo parlamentario acelerará el debate de los 66 puntos solicitados por el Gobierno para enfrentar la ola de crímenes y extorsiones, aunque la propuesta llega sin el acta de aprobación del Consejo de Ministros.
En una sesión marcada por la urgencia, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría declararse en sesión permanente para evaluar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo. La decisión, impulsada por los diputados Frank Krklec (Renovación Popular) y Cecilia Chacón (Fuerza Popular), obtuvo 18 votos a favor y 2 en contra, y busca agilizar el análisis de un proyecto que el Gobierno considera vital para enfrentar la crisis de seguridad y reactivar la economía.
La medida permitirá a la comisión, presidida por la diputada Giannina Avendaño, convocar de manera inmediata a los ministros de Estado para que sustenten los 66 puntos del proyecto. Con esta figura parlamentaria, el grupo de trabajo podrá sesionar las veces que sean necesarias, con el objetivo de emitir un dictamen en el menor plazo posible para que sea debatido en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Fuente: Diario Correo
El pedido del Ejecutivo, que solicita facultades por 120 días en materia de seguridad ciudadana, economía y modernización del Estado, se produce tras una ola de crímenes y extorsiones que han golpeado al país. Entre los puntos más polémicos, el proyecto plantea tipificar a las bandas criminales como organizaciones terroristas y endurecer las penas contra el sicariato, así como reformas tributarias para impulsar la formalización de las MYPE.
Fuente: Diario Correo
Sin embargo, el proceso no estará exento de controversia, ya que la iniciativa fue presentada sin el acta de aprobación del Consejo de Ministros, un requisito formal que ya fue observado por el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto. Mientras el oficialismo presiona por celeridad, la oposición ha advertido que exigirá un control estricto y un análisis riguroso para evitar una «delegación en blanco» que pueda derivar en abusos por parte del Ejecutivo.
