
Un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, ha puesto nuevamente a Dina Boluarte en el ojo de la tormenta, ya que dicho portafolio menciona que son más de 50 fallecidos por las protestas contra su gobierno.
Para la realización del informe, la comisión hizo actividades y visitas del 20 al 22 de diciembre del 2022. Así como del 11 al 13 de enero del 2023 en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco en donde se recibieron 55 testimonios individuales de personas que indicaron ser víctimas de violaciones de derechos humanos.
El órgano de la OEA ha podido reconocer que en las regiones donde hubo mayor cantidad de muertes (Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa), las manifestaciones públicas fueron hechas por pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Así mismo, la Corte observó que la respuesta de las fuerzas del orden para el control de orden interno «no fue uniforme en todo el territorio nacional». Sino que, como ya se mencionó, hubo un “uso desmesurado y mortífero de la fuerza».
En Ayacucho, se concluyó que se han registrado graves violaciones a los derechos humanos que, para la Corte, deben ser investigadas con un enfoque étnico-racial. Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podría calificarse como una masacre. 10 fallecidos fueron las víctimas de estos hechos.
En Juliaca, región Puno, la situación es muy parecida a la de Ayacucho ya que evidentemente hubo uso excesivo de la fuerza pero no solo con los participantes de las protestas sino también contra terceras personas. Unas 19 personas perdieron la vida. Los policías empezaron a disparar bombas lacrimógenas, perdigones y balas de fuego a quemarropa.
Entre las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana, está el diseñar e implementar, desde el más alto nivel del Estado, una estrategia de diálogo, con enfoque étnico y territorial.
Además, diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación, prevención de la discriminación y estigmatización.
Redacción: Alejandro Llerena Sánchez