La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó mediante un comunicado publicado este último lunes, su preocupación por la investigación sumaria aprobada por el Congreso de la República contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
El 7 de septiembre del presente año, el pleno del Parlamento Nacional aprobó la Moción de Orden del Día Nº 7565. En dicho documento se encarga a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizar una investigación sumaria contra los integrantes de la JNJ. Teniendo un plazo de 14 días hábiles para presentar el informe de la investigación. Tras ello el Legislativo podría remover a los que integran dicho organismo.
Ante esto la CIDH publicó un comunicado el cual expresó lo siguiente “las personas operadoras de justicia son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático, pues actúan como controladores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes públicos”.
Recordemos que la función ejercida por la JNJ consiste en nombrar y evaluar periódicamente a las personas operadoras de justicia y a las autoridades electorales. Esta labor ayuda a que no haya injerencias políticas por parte de otros poderes en el nombramiento de operadores de justicia y, por tanto, a que la justicia se ejecute de forma independiente.
En ese sentido, la Comisión Interamericana adviertió que los controles polìticos a las personas operadoras de justicia basados en términos de discrecionalidad o razones polìticas resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos de disciplina en conformidad con el derecho internacional. En palabras más sencillas, expresa que todos los procedimientos que se encuentren direccionados a la destitución de las personas operadoras de justicia deben ceñirse por el principio de legalidad y el debido proceso.
Por ello, la Comisión considera que la posible remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno de las garantìas del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría a las actividades de la institución en menciòn y ademàs debilitarìa la independencia judicial en el Perú.
Este comunicado ha causado distintas respuestas, como la de la Representación Permanente del Perú en la OEA, la cual está de acuerdo con lo expresado con el organismo supranacional, ya que menciona que “Todos los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos deben actuar bajo esos parámetros y velar por que en el ejercicio de sus funciones se respeten las garantías del debido proceso”.
Asimismo, hubo respuestas contrarias, como la de la congresista Patricia Chirinos, quien fue la autora de la moción para la investigación de los miembros de la JNJ. Expresó que lo publicado por la CIDH fue una narrativa falsa e ideologizada que solo busca destruir la imagen internacional del Estado peruano.
Lo cierto es que no hay mucha luz de esperanza para la JNJ y todo indica que el Congreso removerá a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia.
Redacción: Brandon Quevedo
