Este último martes, el congresista Roberto Sánchez, puso en marcha una iniciativa de moción de censura en contra del primer ministro Gustavo Adrianzén. En esta proposición se señala que Adrianzén Olaya debe salir de la Presidencia del Consejo de Ministros por motivo de su incapacidad para manejar la delincuencia que hay en el país.
Hasta el momento se presentan dos propuestas de censura, impulsadas por el partido Podemos, Acción Popular y Renovación Popular. Estas bancadas cuentan con las firmas necesarias para poder hacerlas presente al Pleno del Congreso de la República.
Según la moción de la censura, se declara que, el titular de gabinete no cuenta con capacidades de liderazgo y que no logró aplicar trabajos ejecutivos dentro de los sectores tanto locales como regionales. También señala que, este nivel bajo de ejecución está afectando directamente a la población vulnerable del país.
En esa línea, la presidente del Perú, Dina Boluarte, puso en cuestión la censura del premier, afirmando que dicha censura no resolvería el problema de la inseguridad de la nación. La mandataria utilizó como argumento que la censura y salida del ex encargado del Mininter, Juan José Santiváñez tampoco resolvió el problema de la inseguridad ciudadana.
Diversos analistas políticos han señalado que esta moción podría generar un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, situación que se ha vuelto cada vez más común en los últimos años. Además, advierten que una posible censura al primer ministro podría traer consigo una reconfiguración del gabinete, lo que afectaría la continuidad de políticas públicas clave.
Por su parte, Gustavo Adrianzén ha respondido a las críticas manifestando que su gestión ha estado enfocada en fortalecer la coordinación interinstitucional y en proponer reformas estructurales en seguridad ciudadana. Sin embargo, reconoció que los resultados aún no son visibles, y pidió un voto de confianza al Congreso para poder continuar con sus planes.
A medida que se acerca la fecha para debatir la moción en el Pleno, la opinión pública se mantiene dividida. Algunos sectores apoyan la medida como una forma de exigir mayor eficiencia al Ejecutivo, mientras otros consideran que esta acción responde más a intereses políticos que a una preocupación genuina por la seguridad del país.
Redacción: Héctor Sánchez
