La madre de uno de los menores implicados rompió su silencio y afirmó que su hijo es testigo, no agresor, y que entre los denunciados existiría un «pacto de silencio» que impide identificar a los responsables.
La investigación por presunta agresión física en el Liceo Naval Almirante Guise continúa generando controversia. En las últimas horas, la madre de uno de los menores con detención preventiva declaró públicamente que su hijo no es agresor ni víctima, sino únicamente testigo de los hechos. La familiar insistió en que confía plenamente en la inocencia de su hijo y pidió que el proceso judicial esclarezca la verdad de lo ocurrido.
La mujer sostuvo que entre los adolescentes denunciados existiría un «pacto de silencio» que impide determinar quién cometió la agresión. «Entre ellos hay un pacto, nadie puede decir quién lo hizo, no se puede precisar», señaló la madre durante una entrevista. Estas declaraciones refuerzan la hipótesis de que los involucrados habrían acordado no revelar detalles de lo sucedido, dificultando así el avance de las pesquisas fiscales.
El caso se originó el 15 de septiembre de 2026, cuando un estudiante habría sido agredido durante el retorno de un partido de fútbol en el bus del colegio. Diez menores fueron incluidos en la investigación: seis recibieron cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita), mientras que los otros cuatro fueron liberados, aunque continúan bajo investigación y citados a declarar.
En los últimos días surgieron nuevos elementos que complican el panorama judicial. El 7 de octubre, Maranguita reportó una presunta agresión contra uno de los menores en la zona de baños del centro juvenil. Además, se filtraron conversaciones donde algunos implicados habrían enviado disculpas a la víctima el mismo día de los hechos, contradiciendo su versión inicial de que todo fue «una broma consentida».
La defensa de la familia del menor que se declaró testigo insistió en que las autoridades deben profundizar las investigaciones para identificar a los verdaderos responsables. Mientras tanto, el Poder Judicial continúa con las diligencias programadas y evalúa la situación procesal de los diez menores involucrados, en un caso que ha generado gran conmoción en la opinión pública y exige respuestas claras de las autoridades educativas y judiciales.
