En diciembre del 2022, el Ejecutivo destituyó a cientos de subprefectos y prefectos en todo el Perú tras ser nombrados por el gobierno de Pedro Castillo. Según la actual administración, estos funcionarios en la práctica eran azuzadores que apoyaban a la gestión de Castillo Terrones con la intención de agitar las calles y levantar a las masas que protestaban por el actual Gobierno.
De esta forma, en la quincena de ese mismo mes, se oficializó el cese definitivo de todos los funcionarios, sin embargo, esta decisión no calmó los ánimos de las protestas.
No obstante, el gobierno de Dina Boluarte título a 31 subprefectos en distintas regiones del territorio nacional, mediante la resolución directoral 076-2023-IN-VOI-DGIN con fecha del 1 abril de este año en el boletín del diario oficial El Peruano.
De esta manera, el Mininter designó a tres subprefectos provinciales en Ancash, Callao y Moquegua. Así como, 28 subprefectos distritales para regiones de Cajamarca, Huanuco, Ancash, Lambayeque, entre más zonas.
Asimismo, en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, admitió el dictamen para suprimir estos puestos en función del Ministerio del Interior con cargos reasignados en las diversas instancias de dicha cartera.
¿Qué papel cumplen los prefectos en el país?
Un funcionario del Ministerio del Interior detalló que estos funcionarios de confianza se encuentran en un “sistema de clientelaje” porque se retribuye con la asignación a estos puestos a los que apoyaron en la campaña electoral. “Es casi un cargo que se entrega en agradecimiento a quienes apoyaron en la campaña”, detalló.
