El mal manejo de las protestas en la región Apurímac por parte del Ejecutivo ha conllevado a que la mandataria Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y antiguos titulares de la cartera del Interior como César Cervantes y el expremier Pedro Angulo sean denunciados penalmente como coautores de las muertes ocurridas en esa región durante el contexto de las marchas que iniciaron el 10 de diciembre de 2022.
La medida también alcanza al director general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro Alvarado; el jefe del Frente Policial de Apurímac, Luis Flores Solís; y el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, Alexis Luján Ruiz.
La denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL), Paz y Esperanza y el equipo legal voluntario de Derechos Humanos ingresó la acusación por graves violaciones a los derechos humanos en modalidad de homicidio, lesiones graves y leves, tortura y abuso de autoridad este lunes 13 de febrero ante el despacho presentado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El documento enviado al Ministerio Público señala que con base al fundamento legal de “la cadena de mando”, las autoridades del Ejecutivo serían responsables junto a los policías que cometieron el exceso de fuerza durante las protestas en Apurímac.
Además, el oficio precisa que desde el 10 de diciembre se registra un total de 83 ciudadanos heridos; decenas de agraviados, quienes fueron víctimas de tortura, y 5 personas afectadas por armas de fuego.
