Han pasado 6 meses de la trágica tarde del 15 de diciembre cuando personal del Ejército peruano comenzó a disparar a quemarropa a los manifestantes en los exteriores del aeropuerto de Ayacucho, ocasionando la muerte de 10 personas.
A pesar de la amplia documentación visual, escrita y testimonial aportada por la comunidad internacional y el periodismo, el Ministerio Público no ha mostrado mayor interés en esclarecer los hechos, según denuncian los familiares de las víctimas.
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, hay una serie de deficiencias en el desempeño del fiscal Marco Huamán, quien conduce las investigaciones.
En esa línea, existiría una falta de determinación para actuar con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Detalló que hay una negativa para entregar los planes operativos, con el pretexto de que se trata de documentación reservada, a pesar que una resolución del Tribunal de Transparencia ordena la entrega de la información al periodista Ernesto Cabral.
A su vez, habría lentitud en la toma de declaraciones de los altos mandos de la PNP y las fuerzas armadas. Este último martes, el general Manuel Gómez de la Torre, jefe del comando conjunto, rindió su manifestación.
Dicha autoridad mencionó que “se enteró de las muertes en Ayacucho por los medios de comunicación. Además, indicó que cada unidad es responsable de ejecutar un plan”, como queriendo responsabilizar a los militares de las regiones.
Gómez de la Torre, quiso negar reuniones que se produjeron en la quincena de diciembre con Dina Boluarte, pero con la intervención de la Procuraduría tuvo que reconocer estos hechos.
Hasta el momento no se refleja el deseo de realizar las diligencias a profundidad para conocer todo lo que realmente ocurrió el 15 de diciembre. La creación de un equipo especial en la fiscalía, tampoco ha ayudado a acelerar las investigaciones y a la fecha no vemos avances significativos.
Redacción: Alejandro Llerena
